Dios se ha olvidado de nosotros

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Tiendas del Centro de Detención de Nauru. Imagen de DIAC images.

Nauru cumple todos los requisitos para ser el escenario de una película de terror. La única salvedad es que las atrocidades que se cometen en Nauru son reales.

Nauru es el tercer país más pequeño del mundo. Es una isla de 21 km2 y apenas 10.000 habitantes que flota en el Océano Pacífico. No se puede plantar nada comestible porque el subsuelo está lleno de fosfato, y hasta el agua potable hay que traerla en barco desde Australia. Una jauría de perros salvajes completa el decorado. Durante muchos años se han hecho ricos vendiendo guano, y cuando terminaron con las existencias de heces de ave decidieron basar su economía en el negocio de los centros de detención para refugiados y solicitantes de asilo.

Judith Reen es profesora de secundaria. Durante unos meses trabajó en el instituto del campo de detención de Nauru. Para hacerlo firmó un contrato de confidencialidad con el Gobierno australiano que le impide hablar sobre las cosas que pasan entre sus muros. Ahora, Judith se enfrenta a la posibilidad de penas de hasta dos años de cárcel por revelar secretos de Estado. En conversación con Je Suis Réfugié confiesa que no le importa, que como profesora tiene la obligación de “informar de cualquier cosa que pueda poner en peligro o dañar a mis alumnos. En Nauru no sólo no tengo esa obligación, sino que no tengo derecho a hacerlo”.

Entre 2012 y 2016, Australia ha pagado a Nauru dos mil millones de dólares para que mantenga un “Centro Regional de Refugiados”. Sobre este infausto lugar en el que viven actualmente 442 refugiados y solicitantes de asilo pesan centenares de denuncias por malos tratos, abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos. El periódico británico The Guardian publicó en agosto en exclusiva una vasta investigación sobre los casos que han ocurrido en este lugar. Entre mayo de 2013 y octubre de 2015 (el periodo que abarca la investigación) se ha recogido la nada despreciable cifra de 2116 casos de abusos y maltratos.

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Mapa editado por Je Suis Réfugié. Imágenes originales del factbook de la CIA (mapas de Australia y Nauru) y Google Maps (imagen satélite del campo de detención)

Nauru es un punto negro. Hasta agosto de este año se sabía poco o nada de lo que ocurría allí dentro. Como explica Judith, la comunicación entre el interior y el exterior del campo es casi nula: “Para los locales es un auténtico misterio quién está dentro. Los solicitantes de asilo han escuchado historias terribles de lo que pasa fuera, y también están asustados. […]El problema de encerrar a alguien durante tres años es que los habitantes de la isla piensan que deben ser criminales porque merecen estar encerrados. Deben ser peligrosos. Por eso cuando salen no son bienvenidos”.

¿Por qué Nauru?

Australia lleva a cabo desde hace más de quince años una política de inmigración conocida como la Solución del Pacífico. La estrategia consiste en evitar que pisen suelo australiano los inmigrantes y solicitantes de asilo que tratan de llegar por mar hasta la isla más grande del mundo. Cuando la policía australiana intercepta un barco de inmigrantes lo traslada automáticamente a uno de los Centros Regionales de Refugiados que financia Australia fuera de su territorio nacional. Uno de ellos se encuentra en la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, donde se encuentran detenidas 854 personas, y el otro es el Centro Regional de Nauru.

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Campaña australiana contra la inmigración. “No hay forma. No haréis de Australia vuestro hogar”.

Hace años que pesan duras recomendaciones de las Naciones Unidas contra estos dos centros. De hecho, el centro de Nauru, que fue inaugurado en 2001, se vio forzado a cerrar sus puertas en 2007 debido a la presión internacional. Sin embargo, reinició sus actividades en el año 2012 con una partida de dos mil millones de dólares australianos, coincidiendo con la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial por los conflictos en Oriente Medio.

Según la ley australiana, quienes llegan por mar a Australia quedan sujetos a una detención forzosa, indefinida y no revisable. La posibilidad de levantar la detención por un jurado está explícitamente excluida. La única excepción a esta ley está en manos del ministro de Inmigración.

Los refugiados pueden pasar en Nauru un máximo de diez años, que es lo que dura el visado que ofrece el país, de los cuales suelen pasar dos o tres en el centro de detención. Después deben irse a un tercer país. Además, mientras esperan a recibir el estatus de refugiado no tienen libertad de movimiento: no se puede entrar ni salir del campo. Realmente es como una cárcel.

¿Qué pasa en Nauru?

“Las autolesiones y los intentos de suicidio aumentan exponencialmente después de seis meses de detención. Es por la desesperanza, que se sabe que es el mayor factor de riesgo para el suicidio”, declaró el doctor Peter Young, antiguo director de salud mental para el sistema de detención de la inmigración de Australia, para la investigación de The Guardian.

“Ni un solo crimen cometido contra un refugiado en Nauru ha sido investigado o condenado”.

Una lectura rápida de los Nauru Files es como dar un paseo por una cámara de tortura. Desde los conductores de autobús que tomaban fotos de las reclusas desnudas para masturbarse hasta hombres pidiendo a gritos una bala para poder terminar con esto. La lista es interminable. Aquella mujer a la que tuvieron que sostener en el aire hasta que pudieron cortar la soga con la que pretendía ahorcarse; la niña que gritaba descontroladamente al presenciar una pelea más; aquella otra niña a la que una vigilante no le dejó usar el baño, le obligó a hacer sus necesidades en la calle y luego le introdujo su linterna en los genitales; o el niño al que un guardia agarró y amenazó con matarlo. Según la profesora Reen, “ni un solo crimen cometido contra un refugiado en Nauru ha sido investigado o condenado”.

Judith conoce decenas de historias parecidas. “Ayer me llamó un estudiante que había ido al gimnasio. Un hombre le golpeó en la cara sin que él lo hubiese provocado. Enseguida fue a la policía y lo denunció. Podía identificar perfectamente a su agresor: sabe cómo se llama y dónde vive, y le golpeó delante de diez testigos. Pero el agresor se ha ido libre de cargos; ni siquiera han hablado con él. Y ahora la denuncia ‘se ha perdido’”, explica indignada.

De los más de dos mil casos de los que se tiene constancia, unos mil afectan directa o indirectamente a niños. Son los que más sufren las condiciones en las que se vive en la isla de Nauru, dentro y fuera del centro de detención.

El proceso de deshumanización que sufren los residentes del “Guantánamo australiano”, como le han llamado algunos, es insólito en un país occidental. “Este tipo de sufrimiento es tan innecesario, tan deliberado –explica Judith- El proceso es totalmente deshumanizante. Los refugiados no tienen nombre, los llaman por tres números y tres letras, DOT103, por ejemplo. Es como un campo de concentración. No tienen libertad de movimiento. Mientras están en el campo, todas sus propiedades se guardan en una zona de almacenaje. Ni siquiera cuando les dan un permiso de un día para estar en la isla pueden utilizar su propio dinero para comprar”.

Las formas de deshumanización abarcan todos los ámbitos de la vida: desde la falta de privacidad (las precarias tiendas en las que viven ni siquiera tienen cerrojo) hasta las constantes vejaciones a las que algunos guardas del campo someten a los residentes. “Hay muchos modos, grandes y pequeños, de hacer creer a esta gente que son inútiles. Algunos de ellos son realmente insidiosos, como no permitirles llevar un par de oreos a sus tiendas, y otros son más grandes, como no dejarles saber cuándo podrán volver a ver a su familia”, asegura Judith.

“Los refugiados no tienen nombre, los llaman por tres números y tres letras. Es como un campo de concentración”.

La profesora Reen recuerda con especial dolor el caso de una familia afgana de etnia hazara. Es una madre con tres hijos. Sufrieron un ataque de los talibán y la madre tiene la espalda y una rodilla rotas. Tuvieron que trasladarla a Australia para recibir tratamiento médico. Su hijo menor, de veinte años, se fue con ella para cuidarla y hacerle de intérprete. El hijo, mientras tanto, no puede buscar trabajo ni estudiar por su estatus. Los otros dos hijos siguen encerrados en Nauru y no pueden contactar con ellos; con el visado temporal para cuidados médicos sólo pudieron salir la madre y un cuidador. Ahora, la madre necesita una operación de urgencia de la espalda. Sabe que puede quedarse en la mesa de operaciones sin haber podido siquiera despedirse de dos de sus hijos.

¿Y ahora qué?

Después de que The Guardian publicara en agosto los Nauru Files, que revelan en gran medida las atrocidades que se cometen en el centro de detención de Nauru, la realidad es que nada ha cambiado. La profesora Reen indica que ignorar el sufrimiento de los refugiados y las atrocidades que se cometen contra ellos forma parte de la idiosincrasia australiana desde hace quince años. Muchos australianos, al menos hasta ahora, no creían que fuera cierto lo que se decía sobre Nauru. Tampoco había forma de demostrarlo. Quitarles el rostro a los refugiados forma parte de un juego político. Como señala Judith: “Se trata de demonizarlos y deshumanizarlos delante del público australiano. Los políticos crean una amenaza y pueden decirle a la gente que van a protegerles de ella. Los australianos llevan mucho tiempo pensando que todo lo que viene del otro lado de nuestras fronteras es una amenaza. Y eso no es verdad. Somos una nación de inmigrantes”.

Ferrovial: la multinacional española que gestiona el centro de Nauru

Se ha escrito muy poco en español sobre Nauru, pero al bucear en los diarios económicos aparece un dato insólito: la empresa que se encarga del mantenimiento y la seguridad en el campo de detención de Nauru fue comprada en mayo de 2016 por la multinacional española Ferrovial.

Inmediatamente después de la compra, la ONG australiana No Business in Abuse (No al Negocio Abusivo) envió esta alerta a los inversores de Ferrovial, en la que se les explican los riesgos legales y morales que corren por la absorción de Broadspectrum, la empresa que se encarga de la gestión del centro de detención de Nauru.

“Los australianos llevan mucho tiempo pensando que todo lo que viene del otro lado de nuestras fronteras es una amenaza. Y eso no es verdad. Somos una nación de inmigrantes”.

La directora de esta ONG, Shen Narayanasamy, se reunió con representantes de Ferrovial para advertirles de lo que está ocurriendo en Nauru. En una entrevista con El Confidencial, Narayanasamy opina que “compraron la empresa sin entender realmente de qué iba aquello, a pesar de toda la información pública y el hecho de que les habíamos contactado varias veces”.

Fuentes de Ferrovial insistieron a El Confidencial en que no tienen responsabilidad legal sobre lo que ocurre en Nauru, y que la compra de Broadspectrum no tuvo nada que ver con los centros de detención, sino que todo vino motivado por un intento de introducirse en el mercado australiano.

El contrato de Broadspectrum (ahora en poder de Ferrovial) con el Gobierno australiano expira en febrero de 2017. En este comunicado, Ferrovial anuncia que “dichas actividades [la gestión de los centros de Nauru y Manus] no formarán parte de la oferta de servicios de Broadspectrum en el futuro”.

Mientras tanto, en Nauru siguen retenidas 442 personas sin derechos que están siendo acosadas física y psicológicamente. 49 de ellos son niños. El Gobierno australiano mantiene que las cosas en Nauru funcionan bien. En una de las tiendas de Nauru hay un grafiti que reza: “Dios se ha olvidado de nosotros”.

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